El reciente Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tras la fiscalización del Programa Presupuestario de Educación Especial, durante el periodo 2012-2016, de unos recursos financieros que alcanzan 1.613,65 millones de euros sólo puede calificarse como demoledor para los órganos administrativos de la Consejería de Educación y, por tanto, para su política educativa. Con métodos rigurosos de análisis, combinando documentación solicitada a la Administración, visitas a centros educativos, así como entrevistas con asociaciones relacionadas con la Educación Especial, se intenta responder a dos preguntas claves: ¿se logra la inclusión del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en los centros ordinarios sostenidos con fondos públicos? Y, ¿se facilita el acceso al sistema educativo del Alumno con Necesidades Educativas Especiales en Centros Específicos de Educación Especial?
Vaya por delante que le ha sido imposible a la Cámara de Cuentas responder a la segunda pregunta, porque no ha recibido a tiempo, o ha sido errónea e insuficiente, la documentación necesaria de los órganos correspondientes de la Consejería de Educación. Lo que se refleja en un apartado titulado Limitaciones al alcance de la fiscalización, una auténtica denuncia de falta de transparencia, impropia de una Administración pública que debe rendir cuentas de sus actuaciones.
En cambio, sí se responde con rotundidad a la primera pregunta, con importantes conclusiones. En el periodo estudiado, los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo aumentaron en un 39,36%; los profesores para atenderlos, sólo en un 7%; el gasto por alumno disminuyó un 18,15%. Y un dato importante, no aumentaron significativamente el número de centros para atenderlos, con el consiguiente incremento de las ratios (5,5 puntos porcentuales), lo que supone caminar por la peligrosa senda de la segregación y la consecuente falta de equidad. A ello se suman las carencias de personal en los Equipos de Orientación Educativa, cronificadas en los últimos años y, para concluir, el incierto itinerario, por decirlo suavemente, de este alumnado al pasar a la Educación Secundaria, en la que los problemas se agravan, produciendo unas tasas de titulación muy reducidas. Valga como dato el enorme descenso del alumnado, más de un 50%, registrado en una misma cohorte. Es decir, entre los que se encontraban en 1º de ESO en el 2012-2013, y los que llegaron a 4º en 2015-16. En definitiva, el informe responde a la primera pregunta con un rotundo NO.
En consonancia con lo anterior, se proponen exigencias elementales, como la necesidad de un Marco Estratégico para la Educación Especial; que la Inspección educativa contemple este problema, de forma sobresaliente, en sus planes oficiales; así como, que la "Consejería de Educación, debe cumplir con lo previsto en el artículo 186 de la LEA, presentando anualmente al Parlamento de Andalucía un informe sobre el gasto público en educación, en el que se analice desde el punto de vista económico el rendimiento del sistema educativo público y el de sus centros, y las recomendaciones que se derivan de dicho análisis. Sería recomendable que dicho informe incluya un análisis específico sobre la educación especial." La rendición de cuentas de la Administración educativa, exigente fedataria de la evaluación de los demás, brilla por su ausencia cuando se trata de su gestión y el uso de los dineros públicos.
Pero ese fracaso de la inclusión no es solo un problema de recursos, ni siquiera se relaciona exclusivamente con la Educación Especial. Es un problema estratégico, que afecta al sistema educativo y al conjunto de la sociedad. No se trata sólo de pertenecer, sino de poder participar, intensamente, todos. Para que esto ocurra, los recursos específicos, por ejemplo, los maestros de Pedagogía Terapéutica, han de trabajar con todo el alumnado y, especialmente, con todo el profesorado. Por lo que no deben existir alumnos de especialistas. Todo el alumnado para todo el profesorado, y todo el profesorado para todo el alumnado. Toda la sociedad para todos los ciudadanos y todos los ciudadanos para el conjunto de la sociedad. De nada sirven centros inclusivos si salimos a la calle y nos encontramos a 100.000 personas a las que no se les permitía votar en las elecciones, porque presentaban una discapacidad, algo que ocurría hasta hace unos días en nuestro país. Se les impedía la participación, elemento imprescindible para una auténtica inclusión.
